Desde hace ya tiempo y con mayor intensidad en los últimos años, el mercado está dando mucha relevancia a la sostenibilidad y las finanzas sostenibles como palanca para fomentar la competitividad empresarial. Los propios inversores están poniendo el punto de mira hacia inversiones que consideran factores medioambientales, sociales y de buen gobierno, con una demanda creciente de información fiable sobre los factores ESG.
La realidad de este contexto empresarial ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar el marco regulatorio relacionado con estos aspectos, tanto desde la perspectiva de la preparación y elaboración de esta información como desde el punto de vista de control y supervisión para asegurar su fiabilidad.
Desde la primera perspectiva, la entrada en vigor de la directiva de información no financiera a nivel europeo y su trasposición a través de la Ley 11/2018 de información no financiera y diversidad en España, ha supuesto que en los últimos años los organismos reguladores se hayan centrado mucho en la supervisión de la información que se incluye en el estado de información no financiera.
Desde la segunda perspectiva, la reciente reforma del Código de Buen Gobierno ha promovido la integración de los riesgos ESG en la estrategia, la organización y las políticas de las empresas cotizadas y a su vez ha venido a reforzar los sistemas de control de la información no financiera (SCIINF) a través de la comisión de auditoría y el control de los riesgos reputacionales no financieros.
Fuente: https://auditoria-auditores.com
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