Es innegable que el entorno electoral que comenzamos a vivir requiere de estrategias para captar votos. En este objetivo se centran todas las actividades de los candidatos y nada más visible para ellos que el mercado objetivo de los burócratas quienes desean conservar sus puestos de trabajo. Por ello, los candidatos evaden, dentro de lo posible y pese a que el tamaño del Estado resulta ser una prioridad dentro de la re configuración de las finanzas públicas, el tema de la relación de la burocracia con el clientelismo político y el gasto público. Son muy pocos los que tratan este delicado asunto de manera frontal, técnica y precisa.
En el Ecuador, el número de empleados públicos resulta ser un tanto incierto. Para algunos, la cifra de empleados públicos asciende a setecientos mil mientras que para otros la cifra sería cercana a cuatrocientos mil empleados. Sea cual sea la cifra, el costo de mantener una burocracia tan grande y poco productiva se convierte en una carga muy grande para el Estado. A ello, hay que sumarle los beneficios y prestaciones adicionales que reciben y que sale directamente del bolsillo de los ciudadanos en calidad de impuestos que se deben pagar y que el Estado está obligado a recaudar.
Nos encontramos dentro de un círculo vicioso puesto que una reducción drástica en el tamaño del Estado terminaría afectando los niveles de consumo por el desempleo que se generaría. Por ello, y a meses de que contemos con un nuevo gobierno, es imprescindible que se establezca de forma planificada una estrategia para reducir, en el mediano y largo plazo, el número de burócratas en el país. Hay que entender que un Estado grande y obeso no resulta ser eficiente. Por el contrario, un Estado grande es fuente y caldo de cultivo para mayor ineficiencia y mayor corrupción.
En este sentido, un plan de gobierno que se enfoque en la administración y re definición del Estado es vital pese a lo delicado que resulta el tema y al conflicto de intereses que se generan porque los burócratas y sus familias suponen votos en número importante. A ello, hay que sumar el costo que representan los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) y que en un ambiente de transparencia y sinceridad deberían también reducir sus presupuestos para el próximo año acorde con la nueva realidad económica la cual estima una reducción en el Producto Interno Bruto de aproximadamente el 10% para este año.
En estos momentos tan críticos, los reducidos recursos con que cuenta el Estado deben concentrarse en temas de salud para combatir la pandemia y en la seguridad pública la cual tiende a desmejorarse con el paso de los días. Es así que, el planteamiento del Mauricio Pozo, Ministro de Economía de reducir el presupuesto para el próximo año en un 10%, cuenta con toda la validez técnica que el país demanda en esta ocasión.
Fuente: https://www.elcomercio.com
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